Las deudas se pagan generando riqueza

Leo en un atinado editorial publicado el pasado domingo por los diarios de Editorial Prensa Ibérica (Faro de Vigo, La Nueva España, La Opinión de Málaga...): "Sin crecimiento no hay vida y el crecimiento nunca llega con impuestos excesivos. Las deudas únicamente se pagan generando riqueza. Todo lo demás contribuye a engañarnos, a retrasar, a lo sumo, la debacle. Lo decisivo no es aumentar la fiscalidad de forma abusiva, un torpedo directo a la línea de flotación del motor de progreso. Lo decisivo es incentivar la prosperidad y el desarrollo y prescindir de los gastos inútiles, como no nos cansaremos de repetir. Una clase media fuerte constituye una fuente estable de consumo de bienes y servicios, esa demanda interna tan imprescindible para la buena marcha del negocio. Tony Judt afirma en su testamento intelectual, un libro dictado cuando la enfermedad le consumía: 'Lo maravilloso de la construcción de los Estados del bienestar fue que el principal beneficiario fue la clase media'. Ahora podemos ahogarla con impuestos. El árbol del déficit, que el propio Judt recomendaba enseñar a la gente para que no se pierda, no permite a los gobernantes ver el bosque de nuestras verdaderas dificultades. La solución no consiste en esquilmar a la clase media, sino en darle motivos para crear riqueza que luego pueda ser justamente redistributiva."

Los diarios internacionales más notorios defienden al juez Garzón

Un editorial publicado por el diario británico Financial Times sobre el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón:

Baltasar Garzón, el magistrado instructor español de renombre internacional, ha sido procesado bajo acusaciones que podrían terminar con su carrera. El caso tiene todos los visos de un intento, guiado por motivaciones políticas, de desacreditar e inhabilitar para el ejercicio de su profesión a un valiente funcionario público que ha luchado contra terroristas y contra escuadrones de la muerte amparados por el estado, contra la corrupción y la tiranía. No tiene ningún fundamento y da una imagen muy poco favorable del sistema judicial español, cada vez más politizado.

La acusación principal contra el señor Garzón, presentada por un grupo fascista residual, es que se extralimitó en sus poderes al investigar crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas franquistas en la Guerra Civil de 1936-1939 y en las represalias de la postguerra.

Hay pendiente un debate sobre la forma de manejar los cadáveres que existen en el armario de cada nación. Países diferentes, desde Sudáfrica hasta Chile o desde Polonia hasta Argentina, han encontrado fórmulas diferentes de acuerdo con sus circunstancias. El procedimiento español fue el de una amnesia negociada en la transición postfranquista, en virtud de la cual se olvidarían los crímenes de la Guerra Civil (y las pruebas seguirían enterradas o serían destruidas). Sin embargo, tal cosa negaba un entierro decoroso a las decenas de miles de republicanos derrotados, cuyos restos se están exhumando a centenares de fosas comunes en todo el territorio de España conforme a la polémica ley de «memoria histórica» del año 2007.

El señor Garzón llevó las cosas más allá y abrió un proceso contra los responsables franquistas, prácticamente muertos todos ellos, lo cual causó una gran indignación en la derecha, que sostiene que una cosa así contraviene la ley de amnistía de 1977. Sin embargo, no puede haber una situación legal restrictiva en los crímenes contra la humanidad. La cuestión es cómo encontrar un equilibrio entre la justicia y el juicio político. En todo caso, el señor Garzón estaba dando respuesta, como es su deber, a las peticiones de las familias de los muertos ante los tribunales; el año pasado, él mismo decidió no seguir adelante con el proceso.

El auténtico delito que ha cometido quizás sea que está persiguiendo casos de corrupción que implican a ‘barones’ regionales del derechista Partido Popular (PP) en la oposición. No obstante, a mediados de los años noventa puso al descubierto en la instancia procesal las escuadras de la muerte que, contando con el amparo del gobierno, habían cometido 27 asesinatos en un intento de destruir las estructuras de apoyo de Eta, el grupo terrorista vasco. Su iniciativa hirió de muerte al partido socialista en el gobierno (del que el señor Garzón se encontraba próximo) y contribuyó a llevar al PP al poder en 1996.

El problema de fondo en este asunto es que la política en España, desde el mismo momento en que los socialistas se vieron aupados espectacularmente al poder a raíz de los atentados contra los trenes de Madrid en el año 2004, ha adquirido un carácter destructivo entre facciones. Sin embargo, eso no es justificación para convertir en víctima a uno de los servidores públicos más eminentes de España.

Dios, ten piedad de la Iglesia

Ten piedad de mi larga miseria

(CHARLES BAUDELAIRE)

¡La Iglesia pide oficialmente el voto del PP! Bueno, por desgracia no me sorprende (¡ni siquiera han pedido perdón por apoyar una dictadura fascista durante casi 40 años!)... No creo que Rouco-Varela y compañía lean el blog de este pecador, pero me gustaría repetirles la frase de E. Sopena: «No recen por mí, controlen la Cope». En pleno s. XXI (¡Dios mío, qué poco hemos evolucionado!), es lo que hay. O quizás lo que nos merecemos (en las próximas elecciones, el pueblo decidirá). En cualquier caso, no dejaré en el olvido el editorial de El País de ayer:

La Conferencia Episcopal ha emitido una nota sobre las elecciones del 9 de marzo, en lo que ya parece haberse convertido en una rutina. No se trata de negar a los obispos su derecho a introducir sus mensajes pastorales en la vida política, sino de recordarles que, a diferencia del resto de los ciudadanos, ellos disponen de un espacio exclusivo y reservado para hacerlo: los templos. Si se deciden a abandonarlos, como sucede cada vez que emiten una nota semejante a la de ayer, deben atenerse a las reglas pactadas entre ciudadanos y recogidas en la Constitución y las leyes. En el terreno político, ni son pastores de nadie puesto que rige el principio de una persona, un voto, ni pueden reclamar la posesión de la verdad si no es a costa de incurrir en fanatismo.

La nota de la Conferencia Episcopal recomienda a los católicos el voto al Partido Popular por la vía de describir los partidos a los que no deben apoyar, sin nombrar ni a uno ni a otros. Es una opinión política y no doctrinal, que, en todo caso, colocaría a los obispos ante la necesidad de explicar qué tratamiento reservarán a los creyentes que no sigan su consigna o que militen en formaciones que no son la que recomiendan. Pero, sobre todo, coloca al PP ante la obligación de pronunciarse sobre la autonomía de la esfera política en nuestro sistema constitucional: el intento de hacer coincidir el número de los católicos españoles con el número de sus votantes le pone en evidencia, tanto como a la jerarquía eclesiástica.

El retrato en negativo de los partidos a los que, según la Conferencia Episcopal, no deben votar los católicos está trazado con rasgos insidiosos, que no responden a la realidad. No es cierto que existan "dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública". Lo que sucede, por el contrario, es que la escuela pública no puede convertirse en agente de catequesis católica, como pretende el sector más integrista de los obispos. La mención a la negociación con los terroristas está redactada con particular malevolencia: ni la sociedad española ni ningún partido democrático ha considerado nunca que una banda de asesinos sea "representante político de ningún sector de población" o "interlocutor político" de nadie.

La búsqueda del consenso en el interior de la Conferencia Episcopal, profundamente dividida ante sus propias elecciones de marzo, ha hecho que la nota recoja algunos principios constitucionales que deberían regir las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Habría que tomarle la palabra a los obispos y animarles a que den pruebas de que, en efecto, respetan "a quienes ven las cosas de otra manera" o de que no confunden la "aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral". Ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía tendrían, por ejemplo, una ocasión inmejorable para demostrar que son fieles a sus propias recomendaciones.

El País - 01/02/08

El mayor castigo

¿Hasta dónde está

dispuesto a llegar Rajoy?

EL PAÍS (Editorial) – 25/3/07

Es difícil hallar un propósito racional en la escalada de despropósitos en que se están metiendo los actuales dirigentes del PP. No tendría mayor importancia si sólo estuviera en juego su futuro político, que también lo está. Lo grave de la deriva que está tomando el que debiera ser el gran partido conservador español es que está afectando a las instituciones y al clima general, precisamente en un momento excepcional por los niveles de prosperidad, de bienestar y de madurez de la sociedad española. Se supone que el objetivo de esta política abrasiva, que está haciendo estragos en todos los sectores e instituciones, terminará después de las elecciones generales y con lo que sus estrategas calculan como un resultado adecuado a sus objetivos. Pero incluso este propósito es equivocado, además de irresponsable.

El PP ha elegido como terreno de enfrentamiento con el Gobierno el de la política antiterrorista, a veces cruzado con el de la cuestión territorial, como en Navarra, temas siempre propensos al desbordamiento emocional. Sin pararse ante las consecuencias que de ello pudieran derivarse para el sistema en su conjunto, la dirección del PP ha querido trasladar la división política suscitada por esos asuntos a todos los ámbitos, de la judicatura a los medios de comunicación, y la ha alentado y calentado desde la movilización callejera: es un comportamiento que suscita la preocupación de muchas personas.

No hay razón objetiva que permita comprender un despliegue semejante, con una situación económica muy favorable, que se manifiesta en la creación de empleo y avances sociales que hace poco eran impensables. ¿Basta la ruptura de la tregua por parte de ETA para explicar tanto catastrofismo? Desde luego, sería injusto minimizar la persistencia de la coacción terrorista y la desigualdad de condiciones en que sitúa a los vascos no nacionalistas: un problema de falta de libertad que interpela al conjunto de los demócratas españoles. Pero la situación en relación al terrorismo es incomparablemente menos dramática y más esperanzadora que casi cualquier otra en las últimas décadas; muy diferente, por ejemplo, de la que siguió a la ruptura de la anterior tregua, con ETA asesinando a una persona cada dos semanas y una media de 33 actos de violencia callejera al mes (en 2001).

Pese a ello, las referencias a ETA y a la política antiterrorista del Gobierno nunca habían estado tan cargadas de alarmismo. Barajas acabó con el alto el fuego anunciado hace un año, pero la prueba de que ETA y su brazo político carecen de alternativa es que Batasuna pidió enseguida la restauración de la tregua. Actitud cínica, sin duda, pero que habría sido inimaginable después de Argel o de Lizarra. Al elegir el tema del terrorismo como eje de su oposición al Gobierno, y llevar las divergencias a la calle, el PP sabe que dificulta las posibilidades de aprovechar la debilidad de ETA para propiciar su retirada pactada. Pero no retrocede ante ello. Rajoy sabe perfectamente que con ese tipo de oposición crea un cordón de desconfianza en la población que recorta el margen de Zapatero respecto a Batasuna y ETA.

Y hay una diferencia con otras actitudes críticas. Decisiones como la retirada por la fiscalía de la acusación contra Otegi son polémicas, y es lógico que susciten preocupación, como la expresada en el manifiesto que el viernes leyó Fernando Savater en un acto público. La discrepancia con decisiones del Gobierno durante los meses de alto el fuego, y la exigencia de firmeza en el futuro, especialmente respecto a las condiciones para la legalización de Batasuna, forman parte de la crítica necesaria. Son argumentos que, por ser racionales, permiten la discusión: para coincidir o para discrepar.

El desvarío a que ha llegado el presidente del PP y jefe de la oposición, Mariano Rajoy, en cambio, no puede ser más preocupante. ¿Rechaza el derecho a la crítica que ampara a cualquier ciudadano y, por supuesto, también a un empresario, aunque sea de medios de comunicación? ¿Se siente tan "enormemente ofendido" por el juicio que merece su actuación y le parece lo más normal repetir el mismo día que el Gobierno de España se dedica a actuar contra la ley? ¿Desconoce el nivel de bajeza y de insulto al que han llegado los medios de comunicación afines, y también cargos políticos de su partido, contra quienes disienten de sus criterios? ¿No se da cuenta de que mantener su amenaza le descalifica para siempre como candidato a formar Gobierno, en caso de que ganara las elecciones, pues forzosamente cabrá esperar peores actuaciones, ya con el Boletín Oficial en la mano, contra quienes disientan y le critiquen?

El habitual griterío de los parlamentarios del PP, impidiéndose a sí mismos escuchar las respuestas de Zapatero a sus preguntas en las sesiones de control, es todo un símbolo del estilo marrullero de oposición de ese partido. Es más fácil adjetivar (es decir, descalificar) que argumentar. Y boicotear a los medios de comunicación cuesta menos esfuerzo que refutar sus razones. España merece otra oposición. Los votantes y militantes del Partido Popular merecen otros dirigentes.

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"El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan" (Arnold J. Toynbee)