Rajoy: la minoría absoluta

A Jesús Ferreiro, mi alcalde

Está dando mucho que hablar la entrevista de Mariano Rajoy con Javier Moreno (director de El País), aparecida el pasado domingo 31 de octubre. Hasta entonces el presidente del PP y los suyos parecían tener un plan oculto para salir de la crisis. O no lo tenían o no pretendían detallar sus propuestas de ajuste hasta que se acercaran las elecciones, para evitar el desgaste. Lo cual, en términos de responsabilidad social, decía muy poco a favor de unos señores que pretenden gobernar un país debilitado. Tras la reciente remodelación del Gobierno, Rajoy (el señor que debía de confiar en la coyuntura económica adversa para ganar las elecciones de 2012, el grisáceo registrador de la Propiedad que, en lugar de ofrecer alternativas, se dedicó a impugnar prácticamente todos los Presupuestos del Estado desde que Zapatero entró en La Moncloa) se ha visto obligado a mover ficha, aclarando ciertas ambigüedades.

En la entrevista de El País, el presidente del PP manifiesta su admiración hacia David Cameron. De hecho, si llega a La Moncloa, a Rajoy le gustaría hacer en España algo similar al plan de ajuste decidido por el primer ministro de Reino Unido: “Por una razón: transmite ideas claras, transmite que lo que hace, lo hace porque se lo cree y, por tanto, genera confianza”. Esta opinión, pese a su claridad (o quizás por ello), no deja de ser preocupante: el ajuste presentado por el también conservador Cameron es –como sostiene Javier Moreno– el mayor plan de recorte del estado de bienestar desde la II Guerra Mundial en el Reino Unido. Para reducir el déficit público del país, Cameron ha optado, entre otras cosas, por recortar las prestaciones sociales (conseguir una vivienda social va a ser, en efecto, mucho más caro), por reducir el presupuesto de los ministerios a un 19% de media y por multiplicar las tasas universitarias. Además, según una investigación publicada por Financial Times (30/10/2010), dos tercios de las escuelas británicas verán reducidos sus presupuestos, lo cual no se corresponde con la promesa electoral de Cameron: mantener el gasto en un gran servicio público fundamental como la Educación.

El director de El País estuvo muy lúcido al recordar que Cameron se ha propuesto suprimir medio millón de empleos en el sector público. Ahí Rajoy fue más cauto: “No he entrado en el detalle de cuáles son los empleos públicos que quiere suprimir”. Y añadió: “Yo aquí no hubiera suprimido 500.000 empleos públicos, pero las circunstancias de Reino Unido son muy distintas a las de España; y yo creo que en esa situación lo habría apoyado”. En ese momento de la conversación, Moreno, una vez más, se valió de un titular interpretativo –como decimos en la jerga periodística– que puso contra las cuerdas a Rajoy, recordándole que, medido en puntos de PIB de reducción de déficit, en el Reino Unido “el esfuerzo sí es similar a España”.

En El País del pasado 2 de noviembre, Cristóbal Montoro (responsable de Economía del PP) dilucidó las escasas dudas que algunos españoles tenían, al afirmar que su partido pretende privatizar –si llega a La Moncloa– servicios sociales básicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, a fin de reducir el gasto público. Rajoy denomina a esas privatizaciones “liberalizaciones”, que es una palabra menos agresiva. Pero el significado es el mismo. La defensa de la propiedad privada es inherente a la derecha, y en el PP actual el terreno ya estaba sembrado: tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid los Gobiernos autonómicos de tal partido ya habían puesto en marcha la cesión de servicios sociales –como la Sanidad– a empresas privadas.

“Las conquistas sociales han quedado obsoletas, os las vamos a quitar para modernizarlas”, decía el humorista El Roto –siempre tan punzante– en su viñeta del 3 de noviembre, como si leyese el pensamiento de Rajoy. Pues bien, esa supresión de los servicios sociales básicos que tiene en mente el PP, acaso movilice al electorado del PSOE, animado por la reciente reestructuración del Gobierno (con un convincente Rubalcaba al frente del barco, eclipsando a un desgastado Zapatero). Y es que no podemos obviar lo siguiente: el PSOE, al contrario que el PP, siempre tiene en su contra la desmovilización de sus votos. El electorado de centro-izquierda –históricamente pasivo– es tentado por la abstención cuando el viento le sopla a favor (“No hace falta que vote: está claro que vamos a ganar”, dirían algunos) o, por el contrario, cuando la coyuntura económica es especialmente adversa e incierta, teniendo los trabajadores que pagar, ¡ay!, los platos rotos por las altas esferas. Eso es lo que sucede hoy. Pero faltan dos años para las elecciones, y es imposible esclarecer el desenlace.

Los derechos civiles

En cuanto a los derechos civiles, a día de hoy Rajoy es absolutamente diáfano. Pese a que hace sólo dos años –antes de las últimas elecciones– el líder del PP optaba por refugiarse en la ambigüedad a la hora de tratar la ley del matrimonio homosexual, ahora, si gana en 2012, no se compromete a mantener tal ley (cree que “no es constitucional” y le disgusta que se llame matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo), ¡incluso aunque la avale el Tribunal Constitucional! Del mismo modo, el presidente del PP declaró al director de El País que propondrá a su partido reformar la ley del aborto –según él, “no protege suficientemente el derecho a la vida, porque permite libertad total en las primeras 14 semanas”– y a suprimir la posibilidad de que, en casos de conflicto familiar, las chicas de 16 años puedan abortar sin que sus padres lo sepan. Rajoy, cómo no, tiene recurridas ante el Constitucional las dos leyes comentadas, junto a otras ocho (la de igualdad, la del suelo, la reforma de la ley orgánica que regula el propio Tribunal Constitucional…).

Una vez más, los actuales políticos derechistas de este país dan muestras de que sólo son –o serían– capaces de gobernar pensando en sus votantes, es decir, en una minoría. Se olvidan de que un presidente (estatal o regional) rige a una comunidad, a miles de personas con intereses y gustos distintos, no a un partido. Ahí está el machismo de León de la Riva (alcalde de Valladolid), quien descalificó recientemente a la ministra Leire Pajín haciendo alusión a su físico: “Cada vez que veo esa cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a decir”. ¿Qué ejemplo puede dar a los ciudadanos una persona que denigra a las mujeres o que descalifica a una persona por su físico? ¿Y qué responsabilidad política puede tener Rajoy, quien no ha censurado en público a León de la Riva? ¿Cómo va a gobernar una persona que mira con recelo a un colectivo como los homosexuales? ¿Acaso las minorías no deben disfrutar de los mismos derechos y privilegios, máxime cuando una ley ya está aprobada porque contó con una mayoría parlamentaria, social y política?

¿Y qué decir de la postura de Rajoy hacia el aborto? Es inconcebible que esa ley se utilice como arma política, cuando este país no está en condiciones de dejar de fomentar la educación sexual: muchos niños, adolescentes e, incluso, adultos –uno, que sólo tiene 23 años, da fe de ello– sufren en las aulas el machismo, siendo torturados mental y físicamente. Algunos llegan a suicidarse o viven con el trauma el resto de sus días. La educación está –al contrario de lo que debe de creer Cameron– no sólo para prohibir, sino para saltar barreras, para proponer modelos que puedan ser útiles a los alumnos, para ofrecer valores dirigidos a la generosidad y a la tolerancia. La tarea del docente sería hacer del niño un hombre capaz de vivir una vida completa, como dijera el filósofo Spencer. Y ahí entran en juego, evidentemente, leyes como la del matrimonio homosexual. Leyes que fomentan la cultura democrática, que benefician a toda la sociedad y que hacen felices (o, mejor dicho, que realizan) a un colectivo, por muy minoritario que éste sea.

Dicho de otro modo: el verdadero regidor jamás crispa el ambiente y quiere –sin fomentar los odios ni excluir a nadie– lo mejor para su ciudadanía. Así es como gobernaba Jesús Ferreiro, alcalde socialista de mi San Tirso natal durante veinte años (1979-1999), por eso hoy he querido dedicarle estas humildes líneas. ¡Ojalá más de un autoritario político nacional siga su ejemplo: y trate de escuchar al pueblo, más que a su partido! Treinta y cinco años después de la muerte del dictador, queda mucho camino por recorrer. Todavía.

Por HÉCTOR ACEBO (La Huella Digital, 4/11/2010)